El Gobierno de Venezuela busca devolver los activos que fueron expropiados como un signo de confianza para atraer la inversión privada extranjera, luego de muchos años en los que instalaciones de empresas y terrenos pasaron al Estado.

Según publicó Bloomberg Línea, esta acción se da cuando existe un acercamiento entre la nación caribeña con Estados Unidos, para que haya una mayor apertura económica en Venezuela y llegue capital privado al país.

Las autoridades venezolanas deben determinar cuáles serán los activos que pueden ser devueltos, cuál es el estado en el que se encuentra luego de ser manejado por el Gobierno y quiénes son los dueños.

El miembro de la Comisión para la Evaluación de Activos Públicos, Luigi Pisella, ha precisado en varias oportunidades que devolver algunos activos expropiados es una forma de generar confianza en los inversionistas.

En julio de este año, Pisella apuntó que se debía apresurar la devolución de algunas propiedades, con el fin de mostrar que la recuperación económica de Venezuela es «sostenible» y así atraer mayor inversión.

Inventario completo

Ana María Carrasquero, coordinadora de Cedice Libertad, indicó al medio internacional que existen 1.757 registros de afectaciones al derecho de propiedad, de los cuales 654 están clasificados como expropiaciones o adquisiciones forzosas, mientras que más de 1.100 corresponden a otras modalidades.

«Hoy no puede afirmarse responsablemente que existe un inventario completo de todos los activos restituibles en Venezuela», puntualizó al tiempo que acotó que han realizado un Anteproyecto de Ley de Devolución de los bienes.

Igualmente, puntualizó que «un activo improductivo no es necesariamente un activo fácil de devolver. La variable decisiva es la trazabilidad de los derechos».

Por su parte, el economista Jorge Piedrahita manifestó que una empresa expropiada en muy pocos casos se puede volver en una oportunidad de inversión, dado que el deterioro acumulado que pueda tener el activo provocaría «una pérdida prácticamente total de valor».

«Devolver los activos sin ir acompañado de seguridad jurídica y de un respeto por la propiedad privada codificado en el cuerpo de leyes del país, no tendría un efecto significativo sobre la percepción del altísimo riesgo que hoy enfrenta Venezuela», enfatizó.