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Martínez Nucete: reformar la Ley de Hidrocarburos abriría la puerta al capital privado sin ceder los yacimientos

El analista destaca los contratos de participación en la producción como el mecanismo central del acuerdo La incorporación de contratos
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El analista destaca los contratos de participación en la producción como el mecanismo central del acuerdo

La incorporación de contratos de participación en la producción mediante una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos es uno de los aspectos más relevantes del acuerdo petrolero entre Venezuela y Estados Unidos, según Leopoldo Martínez Nucete, exdiputado y presidente del Center for Democracy and Development in the Americas (CDDA).

Ese mecanismo, explica, permitiría la llegada de capital privado, la recuperación de campos petroleros y el aumento de la producción sin modificar la propiedad estatal de los yacimientos. “La experiencia muestra que los operadores privados pueden aportar capital, restaurar infraestructura y elevar la producción”, sostiene.

El entendimiento contempla una asociación energética de largo plazo para desarrollar 17 campos petroleros con un potencial estimado de 65.000 millones de barriles. El gobierno venezolano proyecta más de 100.000 millones de dólares en inversiones y unos 209.000 millones de dólares en ingresos tributarios.

Martínez subraya que las reservas continuarían perteneciendo a Venezuela, mientras Estados Unidos obtendría una participación mayoritaria en el crudo producido en esos campos.

Sobre el marco conceptual del acuerdo, el analista es directo: “La verdadera soberanía consiste en establecer reglas que conviertan esos recursos en prosperidad para los venezolanos, inclusive con socios internacionales”.

El proyecto también tendría efectos en infraestructura, banca, construcción y cadenas de suministro, mientras los ingresos fiscales adicionales podrían financiar la reconstrucción de electricidad, hospitales, escuelas y comunicaciones. Para asegurar esos resultados, plantea presupuestos públicos, auditorías independientes y supervisión parlamentaria.

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